Sobre los «ciudadanos de bien» que violan las leyes y ponen en riesgo la salud de la comunidad

Sobre los «ciudadanos de bien» que violan las leyes y ponen en riesgo la salud de la comunidad

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Conceptos vertidos por empresarios del sector turístico resultan, al menos, polémicos, ya que no solo plantean reclamos gremiales atendibles sino que cuestionan la legalidad vinculada a la salud pública.

Por LUIS A. RADEN

Mediante una carta dirigida al gobernador neuquino y al intendente de San Martín de los Andes, hecha pública el último fin de semana, los entidades empresarias sanmartinenses vinculadas al turismo volvieron a reclamar la apertura de las actividades y urgente ayuda estatal para el sector.

Se trata, en efecto, de uno de las ramas de la economía más golpeadas –sino la más– por la pandemia de coronavirus y las medidas restrictivas que se tomaron y se están adoptando a nivel global. La Argentina, obviamente, no es la excepción, y los reclamos son lógicos y atendibles.

Sin embargo, uno o dos párrafos de dicha misiva llaman particularmente la atención: en el marco de la cuarentena nacional –dice el texto– «se generan situaciones de abuso institucional de algunos funcionario/as de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales y de alguno/as funcionarios de los Ministerios Públicos Fiscal que están persiguiendo y criminalizando a ciudadanos de bien».

El concepto se completa de la siguiente manera: «Vemos absolutamente cercenadas las libertades individuales no pudiendo desplazarnos dentro de nuestro país, necesitamos que nuestra Constitución Nacional sea nuevamente la base de nuestros derechos y obligaciones».

Dichas denuncias, más allá –o más acá– del estado de excepción en el que se encuentra buena parte del mundo, no solo nuestro país (con la libertad de circulación efectivamente cercenada en todos o casi todos los países de cinco continentes), plantean no solo cuestiones morales sino legales.

Al detenernos en la supuesta persecución a «ciudadanos de bien», se habla en concreto de personas que llegan a la región de zonas con transmisión comutaria de COVID-19 e incluso han falseado documentos públicos –como las declaraciones juradas– con la intención de dar cobertura a un eventual delito, a saber: poner en riesgo la salud pública, la seguridad sanitaria de la comunidad en su conjunto.

Si miles de sanmartinenses y juninenses realizaron y realizan sus propios sacrificios para evitar la propagación del virus y dar término a la cuarentena en el menor tiempo posible, a empresarios y funcionarios que realizan acciones en contrario no se los puede calificar como «ciudadanos de bien».

Se trata de potenciales delincuentes que violan el marco legal vigente, perfectamente constitucional, por cierto, y cometen o quieren cometer delitos graves contemplados incluso por la Constitución, al atentar con un derecho consagrado universalmente: el derecho de la comunidad a la salud, que el Estado debe garantizar en todos sus términos.

Por último, vale citar el artículo 202 del Código Penal de la Nación, que advierte: «Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas».

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