Los homicidas, femicidas, genocidas, violadores y pedófilos no deben obtener el beneficio de la prisión domiciliaria

Los homicidas, femicidas, genocidas, violadores y pedófilos no deben obtener el beneficio de la prisión domiciliaria

La prisión domiciliaria otorgada a individuos condenados, argumentando que se trata de población riesgo, desató una polémica nacional que salpica a todos los poderes del Estado.

Por LUIS A. RADEN

Está implícita en la naturaleza del delito su gravedad: nadie puede ir preso si su acto no es calificado como grave, en el más estricto sentido de la palabra. No obstante, también puede considerarse como agravante legal y social si el ilícito cometido es gravísimo. Verdad de perogrullo: no es lo mismo el hurto que el asesinato…

Entre los gravísimos aparecen los que llevan implícito la impronta de lesa humanidad, de aberrantes. El homicidio, el femicidio, la tortura y el genocidio, la violación y la pedofilia conforman una breve y sumaria lista de los delitos que no puede justificarse, que no pueden tolerarse, a los cuales no puede ni debe otorgarse ningún privilegio.

La decisión judicial –con cierta aunque velada venia del poder político– de otorgar en muchos casos el beneficio de la prisión domiciliaria a quienes hayan cometido algunos de esos delitos, con el argumento de que integran la población de riesgo, es inaceptable, intolerable.

Por encima del derecho individual de los reos e incluso ante el riesgo que representan para el resto de la población carcelaria y un eventual contagio, está el derecho social, comunitario; incluso el de sus víctimas de obtener justicia.

Liberarlos de las prisiones, con el agravante de que muchos tienen que cumplir sus domiciliarias en cercanías de quienes fueron sus víctimas, es un llamado a la ‘justicia por mano propia’; es decir, una convocatoria a la barbarie. Lo vimos recientemente en Esquel, donde vecinos intentaron linchar a un beneficiado que había sido condenado por secuestro.

El Estado –todos los poderes estatales– no puede eludir la responsabilidad que emana de sus propios actos: si los condenó, si hizo justicia en el marco de la ley y la Constitución, debe velar por la ejecución plena de la condena en el cuadro de esa misma ley.

Un preso está bajo la tutela estatal mientras cumple la condena, y la prisión domiciliaria –en el cuadro general de la pandemia– es una manera clara de sacarse el problema de encima y echarla sin justificación sobre la comunidad y hasta sobre las propias víctimas, que –como ocurre en Junín– se ven obligadas a soportar la cercanía de sus victimarios.

Si la cárcel puede representar un riesgo para la salud del condenado y la del resto en la misma condición en una situación de pandemia, el Estado deberá emplear sus recursos para brindarle seguridad sanitaria, sea aislándolo, recluyéndolo en un hospital penitenciario, etc.

Siempre teniendo presente que quienes hayan cometido delitos aberrantes, como los homicidas, femicidas, genocidas, violadores y pedófilos, no deben obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Lisa y llanamente, tienen que cumplir su condena en prisión.

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