Libre circulación, Constitución Nacional y humanismo

Libre circulación, Constitución Nacional y humanismo

El autor del siguiente artículo refuta en términos legales y constitucionales los planteos contra las medidas de restricción adoptadas en medio de la pandemia, formulados en San Martín de los Andes y otros lugares del país.

Por PABLO PARRILLA*

Ante los reclamos de ciertos vecinos de la Ciudad, que en los últimos días se manifestaron con consignas tales como “libertad de circulación” o “libertad de empresa”, vale realizar algunas aclaraciones de índole legal que permiten desandar la errada concepción de inconstitucionalidad de las medidas de restricción adoptadas por el COEM.

No existen dudas de que las medidas de aislamiento dispuestas a nivel mundial, nacional, provincial y municipal constituyen una restricción a la libertad de movimiento, al derecho de reunión y, en algunos casos, a la libertad de empresa. En nuestro país, tales derechos están receptados, por ejemplo, en el Art. 14 de la Constitución Nacional e indirectamente reconocidos mediante los Tratados internacionales incorporados en el Art. 75 Inc. 22.

Tampoco está en discusión que las medidas adoptadas se dan en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, y como respuesta a la evolución de la situación epidemiológica provincial y municipal, con relación al COVID-19.

Si bien las medidas implican una severa restricción a la libertad para circular, éstas tienen como objetico la preservación del orden público, ya que el bien jurídico tutelado es la salud pública, no sólo del afectado en forma directa, como podría ser el de los manifestantes, sino de los terceros con los que se tenga contacto en caso de ser afectado por el COVID-19.

De la misma forma, tampoco existen dudas respecto de que estos derechos constitucionales están sujetos a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. Estas limitaciones no solo surgen de la propia Constitución, sino de los Tratados internacionales con rango constitucional.

Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a circular libremente “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

En igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su Art. 22 Inc. 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el Art. 22.1 “no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.

Respecto de la responsabilidad sanitaria que reposa en el rol del Estado, la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que “a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerárquica constitucional (Art. 75 Inc. 22, Ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida– y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas”.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida también se ajusta a los parámetros constitucionales en tanto se ha previsto en la legislación distintos supuestos que permiten la circulación de personas con tareas esenciales, como la asistencia a niños, niñas y adolescentes, a personas mayores y a quienes lo requieran. Además, la restricción de movimientos general tiene excepción cuando tenga sustento en cuestiones de necesidades alimentarias, de limpieza y médicas en lugares cercanos.

Por último, tampoco existe un supuesto de amenaza a la libertad de movimiento porque la regulación, en forma específica, dispone que la fuerza policial en caso de detectar un incumplimiento a la norma dará noticia a la justicia penal para que evalúe la pertinencia de iniciar acciones en función de la posible comisión de los delitos previstos en los Arts. 205 y 239 del Código Penal.

Expuestos los fundamentos legales que no dejan lugar a dudas respecto de la constitucionalidad y convencionalidad de las medidas, es necesario finalizar advirtiendo que, a pesar de algunas aventuras procesales intentadas en estos meses, ningún tribunal de la República Argentina convalidó estos planteos de inconstitucionalidad.

Más bien la catarata de rechazos judiciales puso y sigue poniendo de relevancia que, de vez en cuando, el derecho es más humano, justo y solidario de lo que somos nosotros mismos.

*Pablo Parrilla es abogado (UBA) especializado en derecho internacional.

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