De la transparencia y legalidad municipal

De la transparencia y legalidad municipal

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El presente artículo indaga en las causas y consecuencias del fuerte déficit en el erario público, registrado especialmente en tiempos de cuarentena, y la ausencia de respuestas formales y concretas por parte del Ejecutivo municipal sanmartinense.

Por PABLO PARRILLA

Tal como ha sido noticia reciente (y reiterada), el Concejo Deliberante viene solicitando hace largas semanas al Ejecutivo municipal la documentación que acredite la justificación del pago de gratificaciones y/u horas extras por más de $8,3 millones mensuales, en el marco del déficit municipal acumulado por más de 60 millones de pesos.

En declaraciones radiales, el Sr. Saúl Castañeda (subsecretario de Gobierno de la Municipalidad) reconoció que efectivamente se realizaron pagos excepcionales para que el municipio pueda seguir ofreciendo servicios esenciales, tales como “la recolección de residuos”. Pese a ello, el Ejecutivo no presentó la documentación que acredita la transparencia ni legalidad de dichos pagos.

Ante la inexistencia de documentación respaldatoria y para echar claridad sobre el tema, el pleno del Concejo ha instado recientemente a la Contraloría Municipal a que realice una auditoría respecto a las erogaciones realizadas en concepto de “horas extras”, entre otros rubros.

Ese análisis resulta tan relevante como establecer ciertos parámetros técnicos, relativos a la legalidad del pago de estas “gratificaciones”.

El decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y con ello la imposibilidad de concurrir a los espacios de trabajo. Si bien los trabajadores y trabajadoras quedaron desafectados de movilizarse, ello no los exceptuó de realizar las tareas laborales dentro de sus horarios habituales, mediante teletrabajo, siempre que esa modalidad resultara factible. De esta forma, el desempeño de los trabajadores y trabajadoras en sus tareas habituales no generó un derecho laboral a compensación extraordinaria.

Ahora bien, el artículo 6 del decreto N° 297/20 establece expresamente que los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial y municipal convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades, quedaron exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

A pesar de que las autoridades municipales parecieran desconocerlo, es importante aclarar que el Concejo Deliberante aprobó en 2015 la declaración del Carácter Esencial, Continuo y Permanente a los Servicios Públicos Municipales de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Llamativamente, dicho proyecto fue presentado por el bloque del MPN.

Así, de conformidad con la normativa nacional y municipal, los trabajadores y trabajadoras municipales que realizan trabajos esenciales estuvieron exceptuados de la cuarentena y mantenían indemnes sus derechos y obligaciones laborales. Los trabajadores y trabajadoras de recolección de residuos se encuentran expresamente amparados por dicha normativa y, por ende, las motivaciones para el pago de las gratificaciones expresadas por el Sr. Castañeda no tienen ningún respaldo legal.

Según la información disponible, nuestro Municipio es el único órgano público a nivel nacional que abonó estas partidas extraordinarias. Claro está, nada tienen que ver los pagos recibidos por el personal de salud o de seguridad, quienes han recibido gratificaciones a nivel nacional como consecuencia de la realización de tareas no habituales.

Es muy importante advertir que este debate nada tiene que ver con el derecho constitucional de los trabajadores y trabajadoras a recibir un salario digno, gozando de la protección del estado municipal que tantas veces los ha relegado en los últimos años. De lo que se trata aquí es de exigir transparencia y legalidad en los actos de gobierno.

La inexistencia de respaldo legal a las decisiones financieras del Ejecutivo municipal se presenta como una grave alarma sobre la falta de transparencia y manejo arbitrario de los fondos públicos, especialmente cuando la situación financiera municipal se encuentra en una grave situación deficitaria. El Sr. Intendente tiene la obligación de responder con documentación respaldatoria sobre esta situación y el Concejo Deliberante tiene la obligación de perseguir la salvaguarda de los fondos públicos, hasta las ultimas consecuencias.

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