Por NATALIA WAGNER

El lunes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 956/2018 y el martes entró en vigencia, generando dramáticos cambios en el protocolo de uso de armas letales por parte de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria y Policía Federal.

Ni Elisa Carrió, aliada del Gobierno Nacional y una de las figuras clave de Cambiemos –al menos en territorio porteño– banca la medida impulsada por la ministra Patricia Bullrich con acuerdo de todo el gobierno macrista: “Nosotros no vamos a ir al fascismo”, tuiteó la diputada.

Por eso no puede extrañar a nadie que, en las últimas horas, el juez Roberto Gallardo haya declarado dicha resolución como inconstitucional, prohibiendo su aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es que la medida que, en los hechos, habilita y legaliza el llamado gatillo fácil, resulta por lo menos polémica, cuando no violenta derechos constitucionales y aún humanos, ya que deja en manos de las fuerzas de seguridad el dictamen sumario de sentencias judiciales.

En concreto, la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación convalida la pena de muerte, prohibida por la Constitución, y encima sin juicio previo: habilita a las fuerzas federales (Policía, Gendarmería, Prefectura y Aeroportuaria) a aplicar sentencia de muerte cuando lo crean conveniente.

Haciendo uso y abuso del término “peligro inminente”, la resolución que entró en vigencia este martes en todo el país, permite a los agentes federales detener personas y/o dispararles con armas letales sin siquiera dar la voz de alto.

Por ejemplo, para detener a un sospechoso en fuga, cualquier efectivo de alguna de las fuerzas nacionales puede disparar sin necesidad de que esté comprobado o se desmuestre posteriormente que el sospechoso abatido haya portado un arma…

La oposición dentro y sobre todo fuera del partido gobernante, decisiones judiciales como la tomada en CABA, así como la negativa de varias provincias a sumar sus fuerzas policiales a los términos de la resolución –como ya adelantó Neuquén–, son factores que prometen desatar una crisis política nacional de la que Bullrich puede no salir indemne.

Anuncios