Por GUSTAVO H. MAYARES

Como se sabe, este fin de semana un numeroso grupo de familias (se calcula que medio centenar de personas) ocuparon terrenos en Chacra 30, instalando carpas y reclamando tierra para instalar sus viviendas.

Desde el apoyo incondicional hasta el total repudio (“así es fácil…”, “hay que trabajar…”, etc.), las redes sociales fueron caja de resonancia de lo sucedido, exhibiendo la disparidad de opiniones que atraviesa a la sociedad respecto al problema de la vivienda.

Pero lo cierto es que el problema existe. Cientos de familias de la región y decenas de miles en todo el país sufren idéntico flagelo: la imposibilidad concreta de acceder a la vivienda propia, comenzando por un terreno donde levantarla.

Con precios que exceden largamente las posibilidades concretas de una familia trabajadora, aún cuando esté dispuesta a afrontar cuotas, el derecho a un techo bajo el cual pensar en un presente o futuro de felicidad aparece hoy como imposible.

Para el común de los mortales, vecinos de a pie de San Martín, Junín o donde quiera mirarse, la vivienda es un derecho –incluso constitucional– insatisfecho aún en el marco de las extensísimas tierras ociosas disponibles en esta región del país.

Es en ese marco que se producen hechos como el ocurrido este fin de semana en Chacra 30, y que se repiten cotidianamente a lo largo y ancho del país: sobran tierras pero resultan inaccesibles. Es como el fruto que se exhibe inalcanzablemente al hambriento.

Y además, la historia reciente –y no tanto– ha demostrado que solo organizadamente ese hambre puede ser satisfecho por los empobrecidos que, a pesar del esfuerzo y el tesón, sobreviven individualmente en eterno estado de desesperación por los suyos.

El derecho a la vivienda y su satisfacción es, en definitiva, algo que los Estados municipal, provincial y nacional deben abordar con urgencia, respondiendo satisfactoriamente a reclamo tan perentorio. Diga lo que se diga en las redes sociales.

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